Para transparentar y hacer más eficientes los procesos de adjudicación y contratación de bienes o servicios en la administración pública, la diputada María Isabel González Tovar presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
Agrega que en esta iniciativa se busca precisar los requisitos indispensables que cualquier persona tanto física como moral necesitan para adoptar el carácter de proveedor en cualquier institución pública, con la finalidad de que los ciudadanos tengan la certeza que los proveedores son personas que se encuentran plenamente identificados, en cumplimiento con sus obligaciones fiscales y hacendarias.
Asimismo con una solvencia financiera y operativa para dar cumplimiento al suministro de los bienes o servicios por los que son contratados, y con ello tratar de erradicar la especulación, el tráfico de influencias o la simulación de proveedores.
De igual forma, se plantea regular sobre la cancelación y suspensión de los proveedores por diversas causas, como el que se encuentren en concurso o quiebra, falsedad de declaraciones o documentos, se les haya cancelado un contrato, con el objetivo de garantizar a las Instituciones Públicas las mejores condiciones técnicas y económicas en la contratación de un bien o servicio, pues de lo contrario se generaría un conflicto de intereses que podría traer consigo un menoscabo al patrimonio gubernamental.
En el mismo sentido se procurará que tratándose de invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, al momento de la apertura de las propuestas económicas se cuente con la presencia de los proveedores participantes con la finalidad de darle mayor publicidad a la adquisición y así otorgar mayor certeza y certidumbre jurídica a los participantes en concurso, garantizado que se elegirá al proveedor que realmente cuente con la mejor propuesta a favor de los intereses de las instituciones.
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