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Cuando una autoridad detiene, revisa, multa o interviene en un conflicto vial, no solo está aplicando un reglamento: está usando poder público. Por eso, si hay denuncias por abusos, capacitar no es favor ni adorno institucional. Es lo mínimo.
El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a capacitar o reforzar la capacitación de sus elementos de seguridad pública y tránsito municipal, con el objetivo de que su actuación se apegue a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.
La propuesta, presentada por la diputada Sara Rocha Medina, plantea que las capacitaciones incluyan temas como derechos humanos, detenciones arbitrarias, debido proceso, principio de legalidad, presunción de inocencia, policía de proximidad, mediación, solución pacífica de conflictos, ética pública y responsabilidad administrativa.
Dicho de forma menos burocrática: se está pidiendo que policías y tránsitos sepan actuar sin atropellar derechos, sin abusar de su cargo y sin tratar a la ciudadanía como culpable desde el primer contacto.
El uniforme no está por encima de la ley
El exhorto aprobado parte de una preocupación concreta: se han documentado y denunciado prácticas indebidas por parte de algunos elementos de tránsito y policía municipal, entre ellas detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, falta de actuación bajo esquemas de proximidad y conductas que vulneran la presunción de inocencia.
También se mencionan casos relacionados con hechos viales, en los que la ciudadanía ha señalado posibles falsas acusaciones o actuaciones indebidas de elementos municipales.
Y ahí está el punto delicado: cuando una persona se enfrenta a una autoridad en la calle, en un retén, en un accidente vial o durante una detención, la diferencia entre un procedimiento correcto y un abuso puede depender de la capacitación, del criterio y de la supervisión.
Porque no basta con portar uniforme. La autoridad también debe saber explicar, justificar, documentar y actuar conforme a la ley.
Si un elemento de tránsito interviene en un choque, debe cuidar el debido proceso. Si un policía realiza una detención, debe respetar derechos. Si una autoridad municipal atiende un conflicto, debe evitar que el uso de la fuerza o la posición de poder se conviertan en intimidación.
La seguridad pública no se fortalece con discrecionalidad. Se fortalece con reglas claras, actuación profesional y confianza ciudadana.
Capacitar ayuda, pero también hace falta supervisar
La capacitación es necesaria, pero no suficiente. Esa es la parte que no debería perderse entre discursos.
Un curso de derechos humanos no resuelve por sí solo los problemas de abuso de autoridad, corrupción, malas prácticas o falta de controles internos. Sirve, sí, pero si no viene acompañado de evaluación, seguimiento, sanciones cuando corresponda y mecanismos accesibles de denuncia, puede terminar como otra constancia archivada.
La ciudadanía no necesita policías que solo sepan repetir conceptos. Necesita autoridades que sepan aplicarlos cuando están frente a una persona detenida, una familia en crisis, un conductor molesto, una víctima, un joven revisado en la calle o una discusión vecinal.
Por eso, el exhorto a los 59 ayuntamientos debe leerse como una señal política, pero también como una advertencia: las quejas por abusos no pueden tratarse como casos aislados si se repiten lo suficiente como para llegar al Congreso.
Ahora corresponde a los municipios responder si tomarán el llamado en serio, cómo capacitarán a sus corporaciones, quién evaluará los resultados y qué medidas aplicarán cuando un elemento actúe fuera de la ley.
Porque una corporación que no corrige sus abusos termina dañando también a los buenos elementos. La desconfianza ciudadana no distingue entre quien trabaja bien y quien usa mal el uniforme.
Derechos humanos no son obstáculo: son regla básica
Hay quienes todavía presentan los derechos humanos como si fueran un estorbo para la seguridad. Pero en realidad son parte mínima de una actuación profesional. Una detención legalmente bien hecha protege a la ciudadanía, pero también protege a la autoridad de errores, abusos y nulidades.
La policía de proximidad, la mediación y la solución pacífica de conflictos tampoco son conceptos decorativos. En muchas situaciones, una intervención bien manejada puede evitar que un problema escale. Y eso también es seguridad.
El Congreso ya hizo el llamado. Ahora falta ver si los ayuntamientos lo toman como tarea urgente o como otro oficio que se contesta con buenas intenciones.
Porque capacitar a policías y tránsitos no debería ser noticia extraordinaria. Debería ser parte normal del funcionamiento de cualquier municipio.
Si una autoridad va a detener, revisar, multar o intervenir en la vida de una persona, tiene que saber hacerlo bien.
Y si no sabe, que se capacite.
Y si abusa, que responda.
Fuente: Congreso del Estado de San Luis Potosí.
