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La discusión sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí dejó de ser un debate técnico, futurista o de especialistas. Ya no se trata solo de deepfakes, imágenes falsas o videos dudosos. Ahora el tema está en otro terreno: periodistas detenidos, órdenes de aprehensión, denuncias penales y una pregunta incómoda para cualquier democracia local: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno cuando decide combatir la desinformación con cárcel?
El origen político del caso se remonta a octubre de 2025, cuando comenzó a circular en redes un video atribuido a un grupo criminal, en el que se lanzaban señalamientos contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El material fue compartido por diversos usuarios y medios por su evidente carga informativa, aunque desde el principio generó dudas sobre su autenticidad y sobre la posible intervención de inteligencia artificial.
Ahí está el punto central: informar que circula un video no significa validar su contenido. Dar cuenta de que existe un material, que se volvió tema público y que generó reacción política, no equivale a afirmar que lo dicho en ese video sea verdadero. En periodismo, esa diferencia importa. En un Estado democrático, debería importar todavía más.
Pero la reacción institucional no caminó hacia la aclaración pública, la réplica, el desmentido técnico, el peritaje transparente o el debate. Caminó hacia el Código Penal.
De un video viral a una ley con dientes penales
Después de aquella controversia, el Congreso de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal local para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial. La reforma, conocida públicamente como Ley Serrano por haber sido impulsada por el diputado Héctor Serrano, fue presentada como una herramienta para frenar abusos digitales, suplantaciones, contenidos falsos y manipulaciones que puedan afectar la dignidad de las personas o generar alarma social.
El problema no está en reconocer que la inteligencia artificial puede hacer daño. Claro que puede. Puede usarse para extorsionar, fabricar pruebas, manipular imágenes íntimas, suplantar identidades, difamar o generar pánico. Eso existe y debe atenderse.
El problema es otro: cuando una ley queda redactada de forma tan amplia que permite castigar la creación, reproducción, modificación o difusión de contenidos presuntamente falsos, el margen de interpretación se vuelve enorme. Y cuando ese margen queda en manos de autoridades con poder político directo sobre las personas criticadas, el riesgo deja de ser hipotético.
La pregunta ya no es si la IA puede ser peligrosa. La pregunta es si una ley contra la IA puede convertirse en una herramienta para castigar a quienes incomodan al poder.
Y en San Luis Potosí esa pregunta ya tiene casos concretos.
Periodistas, comunicadores y ciudadanos bajo proceso
En mayo de 2026, las alertas se encendieron con la detención de Eréndira Reyes Aguillón, Alejandra Hermosillo y Cristian Herrera, este último vinculado a Código Rojo. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión denunciaron que las detenciones y órdenes de aprehensión estaban relacionadas con la aplicación de esta reforma penal sobre inteligencia artificial.
Eréndira y Alejandra fueron liberadas posteriormente mediante una suspensión condicional del proceso, bajo condiciones fijadas por la autoridad. Pero el hecho de que hayan salido de prisión no borra lo más grave: fueron encarceladas por un caso vinculado con contenido digital presuntamente generado o manipulado con IA.
El asunto también escaló porque, de acuerdo con reportes nacionales y entrevistas difundidas públicamente, una de las denuncias habría sido presentada por Ruth González Silva, senadora del Partido Verde, esposa del gobernador Ricardo Gallardo y figura mencionada rumbo a la sucesión estatal de 2027. El caso que involucró a Eréndira y Alejandra se relaciona con la difusión de una imagen en la que aparecería González con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fotografía cuya autenticidad ha sido discutida y cuya posible generación con IA forma parte del conflicto.
Es decir: lo que comenzó como una ley para enfrentar abusos tecnológicos terminó operando en medio de una disputa política de alto voltaje.
Y ahí está la alarma.
Porque si una imagen, un video, una publicación, un meme o una crítica pueden terminar en una carpeta penal, el mensaje para periodistas, activistas y ciudadanos es brutal: cuidado con compartir, cuidado con opinar, cuidado con incomodar.
El problema no es combatir la desinformación; el problema es criminalizarla
Nadie serio puede defender la desinformación como si fuera libertad absoluta. La mentira deliberada puede dañar reputaciones, procesos públicos y hasta la seguridad de las personas. Pero entre combatir una mentira y meter gente a la cárcel hay un tramo enorme.
Para eso existen mecanismos menos peligrosos para la libertad de expresión: derecho de réplica, aclaraciones públicas, verificaciones, peritajes independientes, demandas civiles, rectificaciones, plataformas de verificación, comunicación institucional y debate público.
La cárcel debería ser el último recurso, no la primera reacción del poder.
Especialmente en un estado con problemas graves de seguridad, violencia, opacidad y concentración política. Porque cuando el aparato penal se mueve rápido contra comunicadores por publicaciones digitales, pero lento frente a otros problemas públicos, la señal es difícil de ignorar.
Artículo 19 y otros colectivos han advertido que esta reforma puede tener un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. La CNDH, además, promovió una acción de inconstitucionalidad contra los artículos reformados al considerar que las conductas prohibidas no están descritas con suficiente claridad y que el uso del derecho penal puede resultar innecesario y restrictivo para el debate público.
Dicho más sencillo: si la ley no deja claro qué se puede publicar y qué puede mandarte a prisión, entonces no regula; intimida.
Opinión SondaRed:
El poder no necesita tener siempre la razón para imponer miedo. A veces le basta con tener Fiscalía, Congreso, mayoría y una ley ambigua.
Lo más delicado del caso potosino no es solo que se hable de inteligencia artificial. Es que la IA se volvió el pretexto perfecto para abrir una puerta peligrosa: perseguir penalmente expresiones públicas bajo el argumento de que pueden ser falsas, manipuladas o dañinas.
Porque hoy son periodistas. Mañana puede ser un activista. Pasado mañana, un ciudadano que compartió una imagen sin saber de dónde venía. Y después, cualquiera que haga una crítica incómoda en temporada electoral.
La inteligencia artificial necesita reglas, sí. Pero reglas claras, proporcionales y compatibles con la libertad de expresión. No leyes redactadas con brocha gruesa que terminan funcionando como mordaza digital.
San Luis Potosí está frente a una discusión que ya no es local. Es nacional. Si esta ruta avanza, otros gobiernos podrían encontrar aquí un modelo cómodo: llamar “desinformación” a lo que les molesta, invocar la inteligencia artificial como amenaza y dejar que el miedo haga el resto.
Y cuando el miedo empieza a decidir qué se publica, qué se comparte y qué se calla, el problema ya no es la inteligencia artificial.
El problema es el poder real.
Fuente: Artículo 19, CNDH, El País México, entrevistas públicas retomadas en medios nacionales y materiales compartidos para contexto editorial.
