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El maltrato animal volvió al Congreso de San Luis Potosí con una pregunta que no se resuelve solo aumentando castigos: ¿cómo se sanciona la crueldad, pero también cómo se evita que vuelva a ocurrir?
La discusión se abrió durante el Parlamento Abierto para el Bienestar, Protección y Cuidado Animal, realizado para revisar una iniciativa que busca incrementar sanciones en materia de maltrato animal e incorporar agravantes cuando existan actos de crueldad extrema, grabación o difusión de los hechos, presencia de menores, participación de servidores públicos o casos de zoofilia.
El tema no llegó solo desde el escritorio legislativo. De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, la iniciativa fue planteada por la asociación Huella Amiga y cuenta con el respaldo de 23 mil firmas ciudadanas. Es decir, detrás del documento hay una presión social concreta: personas que piden que la violencia contra los animales deje de tratarse como un asunto menor.
Y ahí está el punto. Durante años, el maltrato animal fue visto por muchos como “cosas de mascotas”, “pleitos de vecinos” o “exageraciones de animalistas”. Pero la discusión pública ha cambiado. Hoy se habla de animales como seres sintientes, de responsabilidad humana, de prevención de la violencia y de la necesidad de que las leyes respondan a conductas que antes se normalizaban.
Más penas, sí; pero no solo eso
En el Parlamento Abierto participaron asociaciones de protección animal, abogados animalistas, veterinarios y especialistas. El objetivo fue sumar propuestas al análisis de la iniciativa, que plantea reformar los artículos 110 y 317 del Código Penal del Estado.
El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, señaló que es necesario discutir los límites de las penas y las modalidades de los delitos. No es lo mismo —planteó— un accidente que cause la muerte de un animal, que un acto cometido con violencia, tortura, grabación y difusión en redes sociales.
Esa distinción importa. Porque una ley que no diferencia contextos puede terminar siendo injusta o poco útil. Pero una ley que no reconoce la crueldad extrema también se queda corta frente a casos que indignan a la sociedad.
La representante de Huella Amiga, Karla Alejandrina García Tello, explicó que la propuesta busca que el agresor enfrente un proceso penal donde la sanción corresponda a la conducta. En otras palabras: que el castigo no sea simbólico cuando el daño fue grave.
Sin embargo, el debate también dejó claro que endurecer sanciones no basta. La jueza penal María Fernanda Torres Zulaica advirtió que el maltrato animal no se resuelve únicamente con el aumento de penas, pues puede existir la posibilidad de compurgar la sanción en libertad. Por ello, planteó la necesidad de buscar alternativas que permitan la no repetición de los actos, como programas de sensibilización y tratamiento psicológico para agresores.
Ese punto le da más profundidad al tema. Porque si el objetivo real es proteger a los animales, la discusión no puede quedarse en “más años de cárcel” como si eso resolviera todo automáticamente. También se necesita prevención, educación, seguimiento, atención a conductas violentas y mecanismos para que los casos no se repitan.
Veterinarios piden no criminalizar su labor
Otro punto importante fue el llamado del presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas, Antonio Muñoz, quien pidió establecer con claridad en la legislación la tenencia responsable de animales y evitar la criminalización de la profesión veterinaria.
El señalamiento no es menor. En una reforma de este tipo, la redacción legal debe ser cuidadosa para sancionar a agresores sin poner en riesgo el trabajo médico veterinario realizado bajo criterios profesionales. La protección animal necesita leyes firmes, pero también técnicamente claras.
Durante el encuentro también participaron Carlos Daniel Maya Cordero, de la Universidad Michoacana, y los abogados animalistas Frank Ortiz y Edgar Alarcón, quienes coincidieron en la necesidad de establecer penas que permitan combatir el maltrato animal con todas sus agravantes.
La iniciativa aún forma parte del análisis legislativo. Por eso conviene decirlo con precisión: San Luis Potosí no tiene todavía una reforma final aprobada en estos términos. Lo que existe es una propuesta en revisión, alimentada por organizaciones, especialistas y ciudadanía, que busca fortalecer el marco legal contra el maltrato animal.
Y eso importa porque el Congreso suele producir muchas iniciativas que suenan bien en boletín, pero no siempre avanzan, no siempre se aprueban y no siempre se aplican como se prometieron.
En este caso, el reto será doble: construir una reforma que realmente sancione la crueldad y, al mismo tiempo, diseñar mecanismos para prevenirla. Porque una ley puede castigar después del daño, pero una política pública seria debería intentar que el daño no ocurra.
San Luis Potosí tiene una conversación pendiente sobre bienestar animal, tenencia responsable y violencia. Y si 23 mil firmas empujaron este debate hasta el Congreso, lo mínimo que debería pasar ahora es que la discusión no termine archivada entre papeles, discursos bonitos y fotos de reunión.
Los animales no necesitan una reforma para la foto. Necesitan una ley clara, aplicable y con dientes. Pero también una sociedad que deje de mirar la crueldad como si fuera un asunto menor.
