📍 Local | SondaRed
El Congreso potosino abrirá la discusión sobre una iniciativa que busca que las candidaturas de 2027 pasen controles de confianza antes de aparecer en la boleta. La idea suena sencilla: evitar que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a cargos de elección popular. El problema, como casi siempre, está en los detalles.
El diputado Héctor Serrano Cortés informó que la próxima semana se realizará una mesa de trabajo con las y los integrantes de la LXIV Legislatura para analizar la propuesta en materia de “condición de integridad y confiabilidad para la postulación democrática”.
Traducido del idioma legislativo al español de a pie: que quienes quieran competir por un cargo público puedan ser sometidos a filtros como estudios psicológicos, toxicológicos e incluso polígrafo para descartar posibles vínculos con el crimen organizado.
Suena lógico. Casi elemental. Y aun así, abre una discusión incómoda.
Porque si el objetivo es blindar las instituciones frente a intereses criminales, la pregunta no es si el problema existe. La pregunta es quién diseñaría el filtro, quién lo aplicaría, bajo qué reglas y con qué garantías para evitar que una herramienta de seguridad termine convertida en arma política.
El filtro que todos piden… hasta que les toca
Serrano Cortés sostuvo que la intención es evitar que personas relacionadas con el crimen organizado “penetren o se infiltren” en estructuras gubernamentales o legislativas como resultado de procesos electorales.
La frase no es menor. En un país donde la relación entre crimen, territorio, campañas y poder público ha dejado de ser un tema marginal, hablar de controles para candidaturas toca una fibra sensible: la confianza en quienes buscan gobernar.
La iniciativa, de acuerdo con el legislador, no estaría limitada necesariamente a instituciones del estado de San Luis Potosí para su aplicación. Incluso planteó que podría participar el Estado mexicano. Ahí empieza una de las partes más delicadas del debate: si se va a medir la “confiabilidad” de una candidatura, el organismo evaluador tendría que ser tan confiable como el filtro que pretende aplicar.
Y esa es una vara alta.
El polígrafo, además, es una herramienta controvertida. Puede formar parte de procesos administrativos o de seguridad, pero convertirlo en criterio para permitir o impedir una candidatura abre un terreno jurídico complejo. El derecho a ser votado es un derecho político, no un trámite cualquiera. Ponerle candados puede ser necesario, pero también exige reglas claras, transparencia y mecanismos de defensa.
Seguridad, democracia y sospechas
La propuesta también deja otra pregunta sobre la mesa: si el filtro se plantea para quienes quieren competir en 2027, ¿qué dice eso sobre la confianza pública en quienes ya ocupan cargos de elección popular?
Ahí está el punto incómodo. La iniciativa mira hacia adelante, pero el problema que intenta prevenir no nació ayer. La discusión no solo trata de futuros candidatos, sino de la fragilidad de las instituciones cuando la ciudadanía sospecha que las boletas pueden ser una puerta de entrada para intereses ajenos al voto popular.
Serrano Cortés aseguró que el tema se ha abordado desde enero y que ha tenido buena recepción al interior de la Junta de Coordinación Política. La mesa de trabajo buscará construir acuerdos entre las y los 27 legisladores, aunque el debate difícilmente será menor.
Porque una cosa es decir que nadie quiere candidatos ligados al crimen organizado. Otra muy distinta es aceptar un mecanismo que revise, condicione o eventualmente bloquee aspiraciones políticas.
Ahí los partidos tendrán que definirse. Y no solo con discursos de seguridad, sino con reglas concretas.
Por ahora, la iniciativa aún no está aprobada ni representa un requisito vigente para las candidaturas. Apenas entrará a una fase de análisis legislativo. Pero el debate ya está servido: San Luis Potosí quiere discutir cómo blindar sus procesos electorales rumbo a 2027.
La pregunta de fondo no es si se necesita cerrar la puerta al crimen organizado. Esa respuesta parece obvia.
La verdadera pregunta es quién se queda con la llave.
