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La Comisión de Movilidad analiza un exhorto para pedir a autoridades federales suspender o revisar la actualización de tarifas de peaje. El punto no es menor: en un estado industrial como San Luis Potosí, mover mercancías más caro también puede terminar pegando en la cadena de costos
Las tarifas de peaje en San Luis Potosí volvieron a entrar al radar legislativo, pero no por gusto de quienes cruzan casetas, transportan mercancías o viven de mover productos de un punto a otro. La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado analiza un exhorto dirigido a autoridades federales para suspender o revisar la actualización de los cobros en casetas administradas por CAPUFE.
La propuesta fue planteada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte y busca llamar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales para que, dentro de sus atribuciones, revoquen o suspendan la entrada en vigor de la actualización de las tarifas de peaje.
Dicho en cristiano: no se trata de que el Congreso local pueda bajar directamente el costo de las casetas. Es un exhorto. Es decir, una petición política e institucional para que la autoridad federal revise el aumento, explique sus fundamentos y, si corresponde, frene la medida mientras se hace una revisión más completa.
Y ahí está el punto importante. Según el planteamiento legislativo, el ajuste fue anunciado por canales oficiales de CAPUFE, pero no se habrían dado a conocer con claridad los fundamentos técnicos, económicos o administrativos que justifican los incrementos. En un país donde todo sube menos la paciencia, pedir explicación no parece un lujo: parece lo mínimo.
El costo de pasar por caseta no se queda en la caseta
El tema no solo importa a quien sale de viaje y descubre que llegar al destino cuesta más antes de cargar gasolina. En San Luis Potosí, el posible impacto tiene otra dimensión: la económica.
La entidad tiene una fuerte actividad industrial, manufacturera y logística. Eso significa que buena parte de su vida económica depende del transporte de insumos, mercancías, productos terminados y servicios que circulan por carretera. Si subir una caseta parece un golpe pequeño visto desde un automóvil particular, para el transporte de carga puede convertirse en una presión acumulada.
Cada incremento puede sumarse al costo de mover productos. Y esos costos, tarde o temprano, suelen buscar dónde acomodarse: en el precio final, en los márgenes de las empresas, en los pequeños proveedores, en los comercios o en los consumidores. La caseta se paga en ventanilla, pero el efecto puede viajar mucho más lejos.
Por eso el Congreso local plantea que antes de aplicar o sostener la actualización se revise de manera integral la metodología que justifica dichos incrementos. La petición va en la línea de exigir claridad: cuánto sube, por qué sube, con base en qué criterios y qué impacto puede tener en estados con alta actividad industrial como San Luis Potosí.
La presidenta de la Comisión de Movilidad, Jacquelinn Jáuregui Mendoza, informó que se acordó solicitar opinión a la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para continuar con el análisis del punto de acuerdo.
Un exhorto no baja casetas, pero sí abre la pregunta
Conviene decirlo sin adornos: este punto de acuerdo no significa que las tarifas de peaje ya se hayan suspendido. Tampoco implica que CAPUFE esté obligada automáticamente a modificar su decisión. Lo que sí hace es abrir una discusión pública que suele quedarse entre comunicados, tabuladores y usuarios resignados.
La pregunta de fondo es sencilla: si las casetas suben, ¿la ciudadanía puede saber exactamente por qué?
Porque una actualización tarifaria puede tener razones técnicas: mantenimiento, operación, inflación, infraestructura o seguridad carretera. Pero si esas razones existen, deberían poder explicarse de forma clara, verificable y pública. Sobre todo cuando el aumento no solo afecta a automovilistas, sino también a transportistas, productores, comercios y cadenas de distribución.
En tiempos donde casi cualquier ajuste termina cayendo sobre el bolsillo de alguien, la transparencia también debería pasar por la caseta.
El Congreso local no tiene la pluma para fijar tarifas federales, pero sí puede colocar el tema en la conversación pública. Y en este caso, el mensaje es claro: si el aumento tiene sustento, que se explique; si no lo tiene, que se revise.
Porque al final, el problema no es solo pagar más. El problema es pagar más sin que nadie explique bien por qué.
Fuente: Boletín informativo de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
