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El Congreso de San Luis Potosí defiende la regulación del mal uso de inteligencia artificial como una herramienta para proteger a las familias frente a falsas realidades, deepfakes y daños a la reputación. Pero el tema exige lupa fina: cuidar a las personas no debe convertirse en castigar la crítica, la parodia o el periodismo.
La regulación de inteligencia artificial en San Luis Potosí vuelve al debate público con una pregunta que no cabe en un simple boletín: ¿cómo se protege a las personas de daños digitales reales sin abrir una puerta peligrosa contra la libertad de expresión?
El diputado Héctor Serrano Cortés defendió el trabajo legislativo del Congreso del Estado en torno al uso indebido de la inteligencia artificial, al señalar que se busca proteger la integridad, dignidad, tranquilidad y seguridad de las personas y sus familias frente a “falsas realidades” generadas con herramientas digitales.
El tema no es menor. La inteligencia artificial ya no vive solamente en laboratorios, películas futuristas o conferencias con nombres larguísimos. Está en el celular, en aplicaciones gratuitas, en imágenes alteradas, audios falsos, videos manipulados, perfiles sin rostro y contenidos que pueden dañar reputaciones, acosar, engañar o vulnerar a personas en cuestión de minutos.
Por eso, regular su mal uso puede ser necesario. El problema es que la palabra “regular” también exige cuidado. Porque una norma mal redactada puede perseguir daños reales, sí, pero también puede terminar incomodando a quienes hacen crítica pública, parodia, investigación periodística o defensa de derechos humanos. Y ahí la cosa cambia.
Regulación de inteligencia artificial en San Luis Potosí: el punto delicado
De acuerdo con el posicionamiento legislativo, la regulación sobre el uso indebido de la inteligencia artificial dejaría a salvo el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la crítica y la parodia. Esa precisión es importante, porque el debate no está en si se debe permitir que alguien destruya la reputación de otra persona con una imagen falsa. El debate está en cómo se define el daño, quién lo determina, qué sanciones se aplican y cómo se evita que la ley se use para callar voces incómodas.
El propio diputado señaló que se realizarán foros para escuchar distintas voces y regular lo que establece la ley en la materia, con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía sobre lo que consume en espacios digitales y evitar afectaciones a la imagen, reputación o tranquilidad de las personas.
Ahí hay una oportunidad, pero también una obligación. Si habrá foros, deben servir para algo más que tomarse la foto. Tendrían que escuchar a especialistas en derechos digitales, periodistas, organizaciones civiles, académicos, colectivos de mujeres, defensores de derechos humanos, víctimas de violencia digital, personas jóvenes, comunicadores y usuarios comunes. Porque la IA no afecta solamente a políticos, figuras públicas o instituciones: puede afectar a cualquier persona con una foto subida a redes.
Una imagen manipulada, un audio falso o una publicación anónima pueden convertirse en acoso, extorsión, violencia digital o linchamiento público. Y cuando eso ocurre, la víctima no necesita discursos futuristas: necesita rutas claras de denuncia, autoridades capacitadas y una ley que distinga entre daño real y expresión legítima.
Proteger sin censurar: la prueba real de la ley
El Congreso local sostiene que San Luis Potosí está siendo precursor en este tema. Puede ser. Pero ser precursor no significa tener carta blanca. Significa que la redacción debe ser todavía más precisa, porque cualquier ambigüedad puede convertirse después en problema.
La regulación del uso indebido de inteligencia artificial debe responder preguntas básicas: ¿qué se entiende por contenido generado o manipulado con IA?, ¿qué conductas serán sancionadas?, ¿qué pasa con memes, sátira o parodia?, ¿cómo se protege el trabajo periodístico?, ¿cómo se prueba que hubo intención de daño?, ¿qué autoridad investigará?, ¿habrá mecanismos rápidos para víctimas?, ¿cómo se evitará que una denuncia se use como presión contra medios o ciudadanos?
Sin esas respuestas, el discurso de protección puede quedarse corto. O peor: puede volverse un instrumento confuso.
El punto más sensible está en el equilibrio. Nadie debería quedar indefenso ante deepfakes, montajes, audios falsos o ataques digitales fabricados con inteligencia artificial. Pero tampoco debería bastar que alguien se sienta incómodo por una crítica, una caricatura, una parodia o una investigación para intentar bajarla con el argumento de que “daña su imagen”.
La diferencia entre proteger derechos y blindar reputaciones públicas puede ser delgada. Por eso el tema merece debate, no aplauso automático.
La inteligencia artificial ya llegó. La pregunta es si las leyes llegarán con la misma velocidad, pero también con la suficiente inteligencia humana para no equivocarse de enemigo.
Porque el problema no es la crítica. El problema es el daño fabricado.
Y si San Luis Potosí quiere regular la IA, la prueba será clara: cuidar a la gente sin apagar la conversación pública.
Fuente: Boletín informativo del diputado Héctor Serrano Cortés, Congreso del Estado de San Luis Potosí.
