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Investigadores de la UASLP participaron en un libro que analiza cómo el crimen organizado se relaciona con delitos ambientales, seguridad pública y territorios protegidos en México. La obra aborda temas como fosas clandestinas, narcolaboratorios, minería ilegal, rutas de tráfico y afectaciones a comunidades locales.
Hay lugares que se llaman áreas naturales protegidas, pero eso no siempre significa que estén protegidas de todo. Menos cuando el crimen organizado encuentra en territorios alejados, de difícil acceso o con poca vigilancia un espacio útil para operar, esconderse o expandir actividades ilícitas.
Ese es el punto de partida del libro Narcotráfico en Áreas Naturales Protegidas en México. Una perspectiva criminológica verde del crimen organizado, el ambiente y la seguridad pública, elaborado por el doctor César Hernández Mier, el doctor José Luis Carpio Domínguez y el doctor Jesús Ignacio Castro Salazar.
La obra reúne cerca de siete años de investigación sobre la relación entre delincuencia organizada, delitos ambientales y seguridad pública en distintas regiones del país. Y aunque el título suena especializado, el tema es profundamente ciudadano: ¿qué pasa cuando el crimen no solo afecta calles, colonias o carreteras, sino también bosques, selvas, reservas, comunidades y territorios que deberían estar bajo protección?
Los investigadores plantean una mirada interdisciplinaria para entender fenómenos que suelen permanecer fuera del foco público. Porque cuando se habla de narcotráfico, muchas veces se piensa en violencia urbana, decomisos, detenciones o disputas territoriales. Pero hay otra dimensión menos visible: la forma en que las redes criminales pueden aprovechar zonas naturales para actividades como narcolaboratorios, rutas de tráfico, fosas clandestinas, minería ilegal u otros delitos ambientales.
Áreas naturales protegidas: territorio, crimen y silencio
El doctor José Luis Carpio Domínguez, docente e investigador de la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la UASLP, explicó que la investigación surgió a partir de datos, experiencias de servidores públicos y análisis de campo en distintas áreas naturales protegidas.
Su advertencia es clara: fenómenos que parecen separados terminan mezclándose. Crimen organizado, medio ambiente, seguridad pública y comunidades locales no siempre pueden analizarse por separado, porque en la realidad se cruzan en un mismo territorio.
El libro, escrito en inglés y publicado por la editorial Springer, aborda temas como fosas clandestinas, narcolaboratorios, minería ilegal y rutas de tráfico dentro de zonas protegidas. Es decir, actividades que no solo implican violencia o criminalidad, sino también daño ambiental, riesgo para comunidades y debilitamiento de la presencia institucional.
Por su parte, Jesús Ignacio Castro Salazar, profesor del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, Guanajuato, detalló que una parte importante de la investigación se enfocó en el análisis territorial de las 232 áreas naturales protegidas federales del país y en la presencia de grupos criminales en municipios cercanos.
La lógica territorial importa. Muchas de estas zonas están alejadas de centros urbanos, tienen accesos complicados y pueden convertirse en espacios estratégicos para grupos delictivos. Ahí donde el Estado protege en el papel, la vigilancia real puede ser limitada. Y cuando eso ocurre, la naturaleza queda en medio de una disputa que no eligió.
El daño no solo es ambiental: también social
Uno de los puntos más delicados de la investigación es el impacto en comunidades originarias y poblaciones locales. Según explicaron los autores, muchas de estas comunidades pueden enfrentar desplazamiento o afectaciones derivadas de actividades ilícitas en sus territorios.
Ese dato cambia el tamaño del problema. No se trata solo de árboles talados, suelos dañados o ecosistemas alterados. Se trata también de personas que viven cerca o dentro de esos territorios, comunidades que pueden quedar atrapadas entre la protección ambiental insuficiente, la presión criminal y la falta de condiciones seguras para permanecer en sus lugares de origen.
Los investigadores señalan que estados como Michoacán presentan una mayor incidencia debido a la presencia histórica de grupos delictivos, aunque también advierten que en otras regiones los delitos ambientales pueden existir sin estar plenamente documentados. Esa parte es importante: que algo no aparezca en la estadística no significa necesariamente que no ocurra. A veces significa que no se ha investigado lo suficiente.
César Hernández Mier, coordinador de la Licenciatura en Criminología de la UASLP, destacó que la criminología y las ciencias forenses son fundamentales para entender este tipo de problemáticas complejas. No basta mirar el crimen desde la lógica policiaca tradicional; también hay que analizar territorio, ambiente, economía ilegal, movilidad, comunidades y capacidad institucional.
Criminología verde: mirar lo que casi no se ve
El libro se inscribe en una perspectiva de criminología verde, un enfoque que permite estudiar los delitos ambientales no como hechos aislados, sino como parte de dinámicas más amplias de poder, ilegalidad, daño ecológico y afectación social.
En palabras más sencillas: no se trata solo de preguntar quién cometió un delito, sino qué condiciones permiten que ese delito ocurra, qué territorios lo facilitan, quiénes lo padecen y qué daños deja atrás.
La investigación busca abrir nuevas líneas de estudio y formación para estudiantes de criminología, ciencias forenses, medio ambiente y seguridad pública. También pretende convertirse en material de consulta para especialistas, académicos y personas interesadas en comprender cómo el crimen organizado puede operar en espacios aparentemente protegidos.
Y ahí está el valor de esta obra: pone sobre la mesa una dimensión incómoda del país. Las áreas naturales protegidas no pueden cuidarse solo con decretos, mapas bonitos o discursos ambientales. Necesitan vigilancia, investigación, presencia institucional, protección comunitaria y una lectura seria de los riesgos que enfrentan.
Porque cuando el crimen entra en territorios ambientales, el daño no se queda en el expediente. Puede tocar ecosistemas, comunidades, seguridad pública y futuro.
La naturaleza puede estar protegida en la ley. Pero la pregunta urgente es si también está protegida en la realidad.
Fuente: Información difundida por la UASLP sobre el libro Narcotráfico en Áreas Naturales Protegidas en México. Una perspectiva criminológica verde del crimen organizado, el ambiente y la seguridad pública, elaborado por César Hernández Mier, José Luis Carpio Domínguez y Jesús Ignacio Castro Salazar.
