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El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional electoral que promete cerrar puertas a la reelección consecutiva, poner candados contra el nepotismo y reducir privilegios en órganos electorales. Suena fuerte. Ahora falta lo de siempre: que el cambio no se quede bonito en el papel.
El Congreso del Estado aprobó por mayoría una reforma constitucional estatal en materia electoral, con el objetivo de armonizar la legislación local con disposiciones federales relacionadas con no reelección, nepotismo y reducción de privilegios.
La reforma toca varios puntos sensibles del sistema político local: limita beneficios extraordinarios para consejerías electorales y magistraturas, establece un tope presupuestal para el Congreso del Estado, incorpora reglas contra candidaturas familiares en ayuntamientos y elimina la reelección consecutiva para diputaciones y cargos municipales, aunque este último punto aplicará hasta el proceso electoral 2029-2030.
Dicho en corto: la reforma busca ponerle candados a prácticas que durante años han alimentado una percepción bastante conocida entre la ciudadanía: que los cargos públicos a veces se heredan, se reciclan o se administran como si fueran patrimonio familiar.
Menos privilegios, al menos en la Constitución
Uno de los puntos de la reforma establece que las personas consejeras electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado, deberán recibir una remuneración acorde con sus funciones, pero sin exceder los límites previstos en la Constitución federal.
Además, se prohíbe que estos cargos incluyan prestaciones extraordinarias, seguros, bonos, apoyos, beneficios o regímenes especiales que no estén expresamente previstos en la ley.
También se señala que no podrán contratarse con recursos públicos seguros de gastos médicos, seguros de vida, pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones no previstas legalmente.
La intención es clara: reducir privilegios y racionalizar el gasto público. Porque una cosa es que las instituciones electorales funcionen con recursos suficientes y otra muy distinta es que se conviertan en espacios de beneficios difíciles de explicar cuando la ciudadanía vive haciendo cuentas para llegar a fin de quincena.
La reforma también establece que el presupuesto del Congreso del Estado deberá guardar una proporción coherente con el presupuesto público estatal y no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado.
Ese dato no es menor. En teoría, busca poner un límite al crecimiento del gasto legislativo y evitar que el Congreso se administre como si el presupuesto público fuera liga sin fin.
Candados contra familiares en candidaturas municipales
Otro cambio relevante está en las reglas para competir por cargos municipales. Conforme a la reforma, no podrá participar en la elección para presidencia municipal, regidurías o sindicaturas una persona que tenga o haya tenido, en los tres años anteriores al día de la elección, vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con quien esté ejerciendo la titularidad del cargo al que pretende postularse.
La restricción incluye parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin límite de grado, en línea colateral hasta cuarto grado y por afinidad hasta segundo grado.
Traducido al lenguaje de la calle: se busca evitar que el cargo pase de una mano familiar a otra como si la presidencia municipal, la sindicatura o la regiduría vinieran con apellido incluido.
Este punto apunta directamente a una práctica que en muchos municipios del país ha sido normalizada: esposas, esposos, hijas, hijos, hermanos, primos o familiares cercanos ocupando candidaturas cuando quien gobierna ya no puede o no debe continuar.
La reforma no elimina por sí sola las redes políticas familiares, pero sí coloca una barrera legal más clara contra la herencia directa del poder municipal.
No reelección, pero no de inmediato
La reforma también elimina la figura de la reelección consecutiva para diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos. Sin embargo, el propio decreto establece que esta disposición será aplicable hasta el proceso electoral constitucional local 2029-2030.
Eso significa que no todos los efectos serán inmediatos. Habrá una etapa de transición y todavía deberán hacerse adecuaciones a la legislación secundaria en materia electoral, por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse las nuevas reglas.
Aquí conviene no vender humo: aprobar la reforma constitucional es un paso importante, pero todavía falta ver cómo se traduce en leyes secundarias, criterios de aplicación, vigilancia electoral y capacidad real para impedir simulaciones.
Porque en política mexicana, cuando se cierra una puerta, a veces alguien ya está buscando la ventana.
La letra importa, pero la aplicación más
La reforma llega con promesas atractivas: menos privilegios, menos reelección, menos nepotismo y más responsabilidad en el gasto público. Todos esos conceptos suenan bien, especialmente en un contexto donde la ciudadanía suele ver con desconfianza los acuerdos políticos y los beneficios de la clase pública.
Pero la verdadera prueba no estará en el boletín ni en el discurso legislativo. Estará en la aplicación.
¿Realmente bajarán los privilegios?
¿Los presupuestos serán más austeros y transparentes?
¿Los candados contra nepotismo evitarán herencias políticas o solo cambiarán las formas de operación?
¿La eliminación de la reelección abrirá espacios a nuevas voces o solo moverá fichas dentro de los mismos grupos?
Esas preguntas serán clave.
Por ahora, San Luis Potosí ya tiene una reforma electoral aprobada en materia constitucional. El discurso apunta a reducir excesos y cerrar prácticas cuestionadas. La ciudadanía tendrá que mirar con lupa lo que venga después: la legislación secundaria, los criterios de aplicación y los casos concretos.
Porque las reformas electorales siempre suenan muy bien cuando prometen limpiar la casa.
La duda es si esta vez también van a barrer debajo de la alfombra.
Fuente: Congreso del Estado de San Luis Potosí.
