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Si el Ayuntamiento habló de vender predios que podrían representar cerca de mil millones de pesos y ahora también se plantea un crédito por 200 millones, la pregunta ciudadana cae sola: ¿dónde está la cuenta completa?
El diputado Luis Fernando Gámez Macías pidió al Ayuntamiento de San Luis Potosí transparentar el destino de los recursos obtenidos por la venta de predios municipales, así como aclarar las razones que motivan la posible contratación de un crédito por 200 millones de pesos.
El legislador, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, señaló que la ciudadanía debe contar con información clara y precisa sobre el manejo de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de operaciones financieras y patrimoniales de alto impacto para el municipio.
Y aquí el tema no es menor. Cuando se habla de predios públicos, venta de patrimonio municipal y contratación de deuda, no estamos ante un trámite administrativo cualquiera. Estamos hablando de bienes y recursos que pertenecen a la ciudad, no a una administración en turno.
La pregunta incómoda: ¿qué pasó con los predios?
De acuerdo con el posicionamiento del legislador, en su momento se informó que la enajenación de predios municipales podría representar ingresos cercanos a los mil millones de pesos. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no existe información suficiente sobre el avance del proceso ni sobre el destino específico que tendrían esos recursos.
Ese es el primer punto sensible: si la venta de predios podía generar una cantidad tan alta, la ciudadanía tiene derecho a saber cuáles predios se vendieron, cuáles siguen en proceso, cuánto se ha recaudado, bajo qué condiciones y en qué se aplicará ese dinero.
Porque vender patrimonio público no debería tratarse como asunto interno de oficina. Menos cuando se habla de montos que podrían tener impacto en servicios básicos, infraestructura, movilidad, agua, drenaje, seguridad o espacios públicos.
Una administración puede argumentar que necesita recursos para obras. Puede incluso defender la venta de bienes si existe justificación técnica, legal y financiera. Pero lo mínimo es explicar la ruta completa: qué se vendió, por qué, a quién, cuánto ingresó y qué beneficio concreto recibirá la ciudad.
Sin esa información, la palabra “transparencia” se queda como adorno.
Crédito de 200 millones: pedir dinero exige explicar la cuenta
El segundo punto señalado por Gámez Macías es la posible contratación de un crédito por 200 millones de pesos. El diputado manifestó preocupación porque, según dijo, tampoco se ha informado con claridad sobre sus alcances, condiciones y beneficios para la población.
Y esa pregunta conecta con una inquietud bastante lógica: si el municipio tiene o esperaba obtener recursos importantes por venta de predios, ¿por qué también necesita contratar deuda?, ¿para qué obras sería el crédito?, ¿cuál sería la tasa?, ¿en qué plazo se pagaría?, ¿qué costo financiero tendría?, ¿qué proyectos se financiarían y cómo se garantizaría que realmente sean prioritarios?
Pedir crédito no es necesariamente malo. Hay obras que requieren financiamiento y pueden justificarse si son urgentes, necesarias y transparentes. El problema aparece cuando la ciudadanía no entiende la cuenta, cuando los detalles llegan tarde o cuando las decisiones se presentan como hechos consumados.
Porque endeudarse hoy también compromete decisiones futuras. Aunque se trate de un crédito de corto plazo, la ciudad merece saber qué se está firmando en su nombre.
No es pleito político: es rendición de cuentas
El diputado sostuvo que las y los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar con apertura y rendición de cuentas. También advirtió que, si persiste la falta de información, podría solicitarse la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado para que, mediante auditorías, determine el destino de los recursos y los beneficios generados para la sociedad.
El punto puede leerse en clave política, sí. Pero también hay un fondo ciudadano que no debería perderse: el manejo del dinero público debe poder explicarse sin rodeos.
Cuando se venden predios, se habla de patrimonio.
Cuando se pide crédito, se habla de deuda.
Cuando se combinan ambas cosas, se necesita claridad doble.
San Luis Potosí tiene pendientes suficientes como para justificar inversión pública: calles dañadas, drenaje, agua, movilidad, espacios públicos, alumbrado, mantenimiento urbano y servicios básicos. Pero precisamente por eso, cada peso debe tener destino claro.
La ciudadanía no debería enterarse a medias de decisiones financieras que pueden impactar el presente y el futuro de la ciudad.
Si hubo venta de predios, que se informe.
Si habrá crédito, que se explique.
Si el recurso ya tiene destino, que se detalle.
Porque el dinero público no se administra con confianza ciega.
Se administra con cuentas claras.
Fuente: Congreso del Estado de San Luis Potosí.
