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El autismo no termina cuando una persona deja de ser niña. Pero muchas veces las leyes, los servicios públicos y hasta las políticas de atención parecen quedarse atoradas justo ahí: en la infancia.
En San Luis Potosí, el Congreso del Estado mantiene mesas de trabajo para analizar reformas a la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, con la intención de ampliar la inclusión educativa, laboral y social de este sector de la población.
La propuesta también busca que los municipios tengan una participación más activa en las políticas públicas dirigidas a personas con condición del espectro autista, especialmente en temas de atención, diagnóstico e inclusión comunitaria.
De acuerdo con lo informado por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, uno de los puntos centrales es ampliar los procesos de diagnóstico para todas las etapas de la vida, incluyendo adolescentes y personas adultas, ya que actualmente la legislación se enfoca principalmente en menores de edad.
Y ese dato importa, porque muchas familias saben que el diagnóstico no siempre llega temprano. A veces llega tarde, incompleto o después de años de dudas, trámites, gastos y puertas cerradas.
La inclusión no puede quedarse en el discurso
La reforma plantea promover mecanismos que faciliten el acceso al empleo y a la educación para personas con espectro autista. También se habla de avanzar hacia condiciones que permitan una vida más independiente, dejando atrás modelos únicamente asistencialistas.
El enfoque suena correcto, pero el reto estará en lo que siempre define si una ley sirve o solo adorna el archivo legislativo: presupuesto, programas, personal capacitado, seguimiento y resultados medibles.
Porque hablar de inclusión es relativamente fácil. Garantizarla en una escuela, en una oficina, en una entrevista de trabajo, en un trámite municipal o en un servicio público ya es otra historia.
Para las personas con autismo y sus familias, una reforma útil tendría que responder preguntas muy concretas: ¿dónde se puede obtener diagnóstico?, ¿quién acompaña a las familias?, ¿qué instituciones están capacitadas?, ¿qué pasa con las personas adultas?, ¿cómo se evita que la inclusión laboral se quede en buenas intenciones?
Lo que todavía falta saber
La iniciativa también contempla analizar la creación de un padrón estatal que permita conocer con mayor precisión cuántas personas con condición del espectro autista viven en San Luis Potosí.
Ese punto podría ser clave. Sin datos claros, cualquier política pública camina medio a ciegas. No se puede diseñar atención suficiente si no se sabe cuántas personas la necesitan, dónde están, qué edad tienen, qué servicios requieren o qué barreras enfrentan.
Sin embargo, también será necesario cuidar que un padrón de este tipo tenga reglas claras de privacidad, uso responsable de la información y protección de datos personales.
La discusión apenas está en proceso. Por eso, más que vender la reforma como una solución inmediata, conviene verla como una oportunidad: la de construir una ley que escuche a familias, especialistas, organizaciones y personas autistas.
Porque una política pública sobre autismo no debería hacerse solo desde el escritorio. Tiene que hacerse con quienes viven todos los días las barreras que la ley promete corregir.
Fuente: Congreso del Estado de San Luis Potosí.
