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El caso fue expuesto en el Congreso local: un ciudadano que busca abrir un local de aproximadamente 30 metros cuadrados habría recibido un cobro cercano a 80 mil pesos por cambiar una toma de agua de uso habitacional a comercial.
Abrir un pequeño negocio en San Luis Potosí ya es complicado: renta, permisos, inversión inicial, mobiliario, trámites, servicios y la incertidumbre de si el proyecto va a despegar. Pero ahora se suma una denuncia que encendió otra alerta: un presunto cobro de Interapas cercano a 80 mil pesos por cambiar una toma de agua de uso habitacional a comercial.
El caso fue señalado por el diputado local Luis Fernando Gámez Macías, quien hizo un llamado a la dirección general del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para revisar sus políticas de cobro y corregir posibles irregularidades en el área comercial.
De acuerdo con el boletín legislativo, la denuncia llegó a través de redes sociales por parte de un ciudadano que busca abrir un pequeño local comercial de aproximadamente 30 metros cuadrados, después de quedarse sin empleo y emprender una actividad económica para generar ingresos. Según lo expuesto por el legislador, Interapas habría pretendido aplicar un cobro cercano a los 80 mil pesos por el cambio de uso de la toma.
La cifra no es menor. Para muchos pequeños negocios, 80 mil pesos pueden representar inventario, renta de varios meses, adecuaciones básicas o simplemente la diferencia entre abrir o quedarse en pausa. Por eso el tema no debe reducirse a un pleito político ni a una declaración más: la pregunta de fondo es si los criterios de cobro del organismo están siendo claros, proporcionales y verificables para la ciudadanía.
Un cobro que debe explicarse con documentos
El diputado Gámez Macías sostuvo que este tipo de cobros podrían convertirse en una carga para quienes buscan emprender. También señaló que, tras revisar la legislación correspondiente y comparar tarifas aplicadas en otras ciudades del país, encontró diferencias considerables en este tipo de cobros.
Sin embargo, por tratarse de una denuncia pública, hay un punto indispensable: el caso necesita ser aclarado con documentos y con la postura de Interapas. Para una nota sólida, el organismo tendría que explicar cómo se calcula un cambio de uso de toma, qué conceptos incluye, si el monto corresponde a derechos, infraestructura, factibilidad, contrato, adeudos, giro comercial o alguna otra consideración técnica.
Porque una cosa es que exista una tarifa; otra, que la ciudadanía pueda entenderla.
Y ahí está el problema cotidiano con muchos trámites públicos: no basta con cobrar. También hay que explicar por qué, con qué fundamento y bajo qué criterios.
En su posicionamiento, el legislador pidió revisar y, en su caso, corregir este tipo de cobros. Además, solicitó al Instituto de Fiscalización Superior del Estado revisar y auditar las cuentas y procedimientos del área comercial del organismo.
Agua, trámites y pequeños negocios
El caso toca una fibra sensible porque Interapas ya carga con una percepción pública complicada: cortes, baja presión, fugas, reportes sin respuesta, recibos cuestionados y colonias que pasan días esperando regularización del servicio. En ese contexto, cualquier cobro elevado necesita explicarse con absoluta claridad.
No se trata de asumir automáticamente que todo cobro es indebido. Los servicios tienen costos, las conexiones comerciales pueden tener reglas distintas y los organismos operadores requieren ingresos para funcionar. Pero cuando el monto reportado se acerca a los 80 mil pesos para un local pequeño, la explicación pública se vuelve obligatoria.
Especialmente si se habla de personas que buscan iniciar un negocio propio, no de grandes desarrollos comerciales ni cadenas con capacidad para absorber trámites costosos.
El asunto también abre una discusión más amplia: ¿los organismos públicos están facilitando la formalidad o la están volviendo más difícil? Porque pedir a la gente que emprenda, se registre, pague servicios y cumpla reglas suena muy bien… hasta que el primer trámite llega con una cifra que parece pensada para desanimar.
Por ahora, lo responsable es decirlo con precisión: hay una denuncia legislativa sobre un presunto cobro excesivo de Interapas. Falta conocer el documento específico del cobro y la respuesta oficial del organismo.
Pero la pregunta ya quedó sobre la mesa: si abrir un local pequeño cuesta casi 80 mil pesos solo por cambiar el uso de una toma de agua, alguien tiene que explicar muy bien de dónde sale esa cuenta.
Porque el agua es un servicio público. Y un servicio público no debería sentirse como una pared para quien apenas intenta levantar la cortina de su negocio.
Fuente: Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Nota editorial: SondaRed presenta este caso como denuncia pública y solicitud de revisión. La postura de Interapas será relevante para precisar el origen, fundamento y desglose del cobro señalado.
