Una propone proteger a las mujeres contra riesgos de salud en el trabajo y las prestaciones. La otra busca que la ley reconozca la brecha salarial y obligue a las autoridades a medirla y atenderla. Las dos fueron turnadas a la Comisión de Igualdad de Género.
El mismo domingo, en el mismo Congreso, dos diputadas presentaron iniciativas sobre el mismo problema de fondo: que el trabajo de las mujeres sigue siendo castigado —por embarazarse, por ser madres o simplemente por ser mujeres. Las propuestas atacan distintas aristas del asunto, pero tienen el mismo punto de llegada: que la ley obligue al Estado a hacer algo al respecto.
Iniciativa 1
Protección a la maternidad en el trabajo
La diputada Brisseire Sánchez López propone reformar el artículo 25 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer expresamente que la Secretaría del Trabajo debe incluir la protección a la maternidad dentro de sus programas laborales: estabilidad en el empleo, prestaciones económicas, seguridad social y condiciones de trabajo seguras para embarazadas y madres lactantes.
La iniciativa parte de un argumento que la legisladora pone sin rodeos: el embarazo no es un privilegio ni una condición personal; es un momento de vulnerabilidad que el Estado tiene la obligación de proteger —y no solo en beneficio de la madre, sino también del recién nacido, que depende de que su entorno inmediato sea estable, con ingresos y condiciones de salud garantizadas.
Reforma al artículo 25 · Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de SLP
Iniciativa 2
Brecha salarial de género en la ley
La diputada Sara Rocha Medina propone reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para incorporar dos conceptos que hoy no existen en el texto legal: igualdad salarial —misma remuneración por trabajo de igual valor, sin importar sexo, género, origen étnico u otras condiciones— y brecha salarial de género, definida como la diferencia de salario entre mujeres y hombres por razones de género.
La argumentación es que sin definiciones claras en la ley, las autoridades no tienen herramientas jurídicas para medir el problema, diseñar políticas o exigir transparencia salarial a los empleadores. Si no está en la ley, es difícil perseguirlo. Además, propone obligar a los entes públicos del estado a incorporar acciones específicas para erradicar la brecha, no solo promover la igualdad de manera general.
Reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de SLP
El problema que comparten
Que una mujer pierda el trabajo al quedar embarazada sigue ocurriendo. Que una mujer gane menos que un hombre por el mismo trabajo también. Las dos situaciones tienen nombre, tienen estadísticas y tienen consecuencias económicas reales para las familias —pero en San Luis Potosí no tienen todavía un marco legal suficientemente claro para que las autoridades actúen de oficio, con criterios definidos, y no solo cuando hay denuncia individual.
Eso es lo que las dos iniciativas, en conjunto, intentan cambiar: una desde la protección específica del embarazo y la maternidad; la otra desde la obligación de medir y atacar la desigualdad salarial estructural.
¿Qué significan en la práctica?
Si ambas iniciativas avanzan: una trabajadora embarazada tendría respaldo expreso en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para exigir estabilidad y condiciones seguras —no solo en el Código Laboral federal. Y las autoridades estatales tendrían la obligación legal de medir cuánto ganan las mujeres respecto a los hombres en sectores comparables, hacer esa información pública y actuar cuando haya desigualdad documentada.
Ninguna es ley todavía. Las dos iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado para su análisis. Pueden modificarse, fusionarse o no avanzar. Su impacto real depende de cómo queden redactadas las obligaciones y mecanismos de cumplimiento en el texto final.
Fuente: Boletines informativos de Dip. Brisseire Sánchez López y Dip. Sara Rocha Medina · Congreso del Estado de San Luis Potosí · Domingo 17 de mayo de 2026. Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Igualdad de Género.
