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Difundir imágenes íntimas sin consentimiento ya es un delito. Pero una nueva propuesta en San Luis Potosí busca reconocer algo que muchas víctimas enfrentan incluso después de una sentencia: internet no olvida tan fácil.
En el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa para reformar el Código Penal local y establecer la reparación integral en delitos contra la intimidad sexual. La propuesta plantea que, además de las reglas generales de reparación del daño, se contemple una indemnización compensatoria que tome en cuenta la persistencia del contenido en la red.
Actualmente, el artículo 187 del Código Penal de San Luis Potosí castiga la difusión ilícita de imágenes íntimas, sonidos o grabaciones de contenido sexual, obtenidas con o sin consentimiento de la víctima, cuando se publican, transmiten o difunden sin autorización. La pena va de tres a seis años de prisión y multa de 300 a 600 días de UMA.
El cambio propuesto no se centra solo en castigar al agresor, sino en reconocer la dimensión del daño. Porque en estos casos el impacto no termina cuando se denuncia, ni cuando se borra una publicación, ni siquiera cuando se dicta una sentencia. Una imagen puede volver a circular, ser almacenada, replicada o aparecer de nuevo en redes sociales, grupos privados o motores de búsqueda.
Ahí está el fondo de la iniciativa: la víctima puede ser revictimizada cada vez que el contenido reaparece. Por eso se plantea considerar no solo el dolor emocional, sino también el daño al proyecto de vida y la naturaleza técnica del delito.
La propuesta introduce una idea importante para la justicia digital: reparar no es solo meter a alguien a prisión. También implica intentar restablecer la seguridad, la privacidad y la paz digital de quien fue expuesta sin consentimiento.
El tema toca especialmente a mujeres, jóvenes y personas usuarias de redes sociales, en un contexto donde la violencia digital puede destruir reputaciones, relaciones, trabajos y estabilidad emocional con apenas unos clics.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis. Todavía no es ley, pero abre una discusión necesaria: si el daño en internet puede permanecer durante años, la reparación también debe pensarse con esa misma dimensión.
