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En San Luis Potosí, incumplir con la pensión alimenticia podría dejar de ser visto como un “problema familiar” para convertirse en una falta con consecuencias más claras, visibles y difíciles de evadir.
Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado busca reformar el Código Familiar para mejorar la operación del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas. La propuesta plantea que este registro quede a cargo del Registro Civil del Estado, institución que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, resguardarlo y expedir constancias sobre si una persona aparece o no inscrita.
El punto central es que una persona podría ser considerada deudora alimentaria morosa si incumple con la entrega de alimentos durante 60 días continuos o si deja de cubrir cuatro pensiones en un periodo de dos años. En esos casos, la autoridad judicial ordenaría de oficio su inscripción en el padrón.
La propuesta también contempla que, bajo criterios judiciales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, se pueda dar aviso a las autoridades correspondientes para restringir la salida del país de quienes incumplan sus obligaciones alimentarias. Es decir, no sería una medida automática, sino sujeta a valoración de un juez.
El tema importa porque la pensión alimenticia no es un favor ni una negociación sentimental: es un derecho ligado directamente al bienestar de niñas, niños y adolescentes. Cuando no se paga, el impacto suele recaer sobre madres, familias cuidadoras y menores de edad que ven afectada su vida cotidiana.
Además, la iniciativa refuerza un punto sensible: cuando no sea posible comprobar los ingresos de la persona deudora, la autoridad podría considerar su capacidad económica y el nivel de vida mantenido durante los últimos dos años. Esto busca evitar que el “no tengo ingresos comprobables” se convierta en una salida cómoda para evadir responsabilidades.
La propuesta todavía no es ley. Fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia para su análisis. Pero el mensaje político y social es claro: el incumplimiento alimentario ya no puede tratarse como un asunto menor, especialmente cuando termina funcionando como una forma de violencia económica.
