📍 Local | SondaRed
El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma para fortalecer acciones contra la discriminación laboral, el acoso y el hostigamiento sexual. La medida obliga a autoridades estatales y municipales a impulsar protocolos, campañas, capacitación y mecanismos de atención, con énfasis en grupos vulnerables.
El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma contra la discriminación laboral que busca obligar a autoridades estatales y municipales a tomarse más en serio un problema que muchas veces se normaliza entre escritorios, turnos, oficinas, campos, fábricas y centros de trabajo: la violencia y la desigualdad en el empleo.
La reforma modifica el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral.
Dicho menos enredado: el trabajo no debería ser un espacio donde una persona aguante malos tratos, exclusión, acoso, hostigamiento o discriminación solo porque necesita conservar su ingreso.
La reforma fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado y establece que las autoridades estatales y municipales, dentro de sus competencias, deberán impulsar acciones en materia laboral para garantizar condiciones de trabajo libres de discriminación. Esto incluye protocolos, campañas informativas, capacitación permanente y mecanismos de atención.
El punto central es que la ley pone énfasis en personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, además de incluir expresamente el acoso y el hostigamiento de carácter sexual.
Discriminación laboral en San Luis Potosí: un problema que no siempre se denuncia
La discriminación laboral no siempre aparece como una escena evidente o escandalosa. A veces ocurre de manera más silenciosa: cuando a una persona no se le contrata por su edad, su género, su origen, una discapacidad, su condición social o su apariencia; cuando se normalizan comentarios ofensivos; cuando una trabajadora enfrenta hostigamiento y no sabe a dónde acudir; cuando una persona indígena, migrante o jornalera queda expuesta a condiciones desiguales sin mecanismos claros de defensa.
El dictamen aprobado por el Congreso señala que el trabajo no solo es un medio de subsistencia, sino también un espacio de desarrollo personal, integración social y dignidad humana.
Y esa idea importa. Porque cuando el espacio laboral se vuelve hostil, discriminatorio o violento, no solo se afecta el salario. También se afecta la salud emocional, la estabilidad familiar, las oportunidades de crecimiento y la vida cotidiana de las personas.
El boletín legislativo advierte que, aunque las leyes han cambiado en las últimas décadas, la discriminación y la violencia en el trabajo siguen siendo realidades presentes que afectan de manera desigual a distintos sectores de la población.
También cita que, de acuerdo con organismos globales, la violencia en entornos laborales afecta a cerca del 23 por ciento de las personas trabajadoras. Es decir, no hablamos de un problema aislado ni de “casos sueltos”. Hablamos de una práctica extendida que muchas veces se calla por miedo, necesidad o falta de rutas claras para denunciar.
Mujeres, personas indígenas, migrantes y trabajadores del campo: donde pega más fuerte
La reforma destaca que las mujeres suelen resultar afectadas en mayor proporción por factores socioculturales que facilitan la violencia en el trabajo. También señala que personas indígenas, migrantes, personas con discapacidad y trabajadoras del campo pueden enfrentar escenarios donde la desigualdad estructural facilita prácticas discriminatorias que muchas veces se normalizan dentro de las relaciones laborales.
Ahí está el punto que la nota no debe perder: no todas las personas llegan al trabajo en las mismas condiciones de poder.
Una cosa es tener un contrato claro, conocer derechos, contar con redes de apoyo y saber dónde denunciar. Otra muy distinta es trabajar en condiciones precarias, depender del ingreso diario, hablar una lengua indígena, vivir con discapacidad, ser migrante o estar en un sector donde denunciar puede significar perder el empleo.
Por eso los protocolos y campañas no deberían quedarse en carteles pegados en una oficina. Tendrían que traducirse en mecanismos reales: personas capacitadas para atender casos, rutas confidenciales de denuncia, seguimiento institucional, sanciones cuando corresponda y protección para quienes se atreven a reportar.
Porque si la respuesta ante una queja es “mejor no le mueva”, entonces la reforma se queda corta.
La clave será que no se quede en capacitación de trámite
La reforma aprobada tiene un punto positivo: obliga a hablar del problema y a generar acciones permanentes. Pero como suele pasar con este tipo de medidas, el reto no está solo en aprobar la ley. Está en aplicarla.
Falta saber cómo se implementarán esos protocolos, qué autoridades serán responsables, qué presupuesto habrá, cómo se capacitará al personal, cómo se atenderán los casos y qué mecanismos tendrá una persona trabajadora para denunciar sin exponerse a represalias.
También sería importante que las campañas no se limiten a mensajes generales, sino que lleguen a espacios donde la discriminación laboral puede ser más invisible: trabajo agrícola, empleo informal, servicios, maquila, atención al público, oficinas municipales, dependencias públicas y centros laborales con poca supervisión.
Una reforma contra la discriminación laboral no debería servir solo para decir que el marco legal ya se actualizó. Debería servir para que una persona sepa qué hacer si la discriminan, a dónde acudir si vive acoso, quién debe atenderla y qué consecuencias habrá para quien vulnera sus derechos.
El trabajo dignifica, sí. Pero solo cuando no se convierte en un lugar donde se tolera la humillación, el abuso o la exclusión.
La reforma ya fue aprobada. Ahora viene la parte que realmente importa: que las autoridades la conviertan en acciones visibles, útiles y medibles.
Porque la discriminación laboral no se combate con discursos bonitos.
Se combate cuando alguien puede denunciar sin miedo, recibir atención real y volver a trabajar sin que sus derechos dependan del humor, los prejuicios o el poder de otra persona.
Fuente: Boletín informativo de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, Congreso del Estado de San Luis Potosí, 30 de mayo de 2026.
