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El Congreso de San Luis Potosí aprobó un exhorto para pedir a autoridades federales acciones de contención, prevención, vigilancia y control del gusano barrenador. El tema no es menor: puede afectar la sanidad animal, la ganadería, el empleo rural y la reapertura del mercado estadounidense para exportaciones.
El gusano barrenador en San Luis Potosí dejó de sonar como un tema técnico reservado para veterinarios, ganaderos y autoridades sanitarias. El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para pedir acciones federales de contención, prevención, vigilancia y control ante una plaga que puede convertirse en problema económico y social para el campo.
A propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, el Pleno del Congreso local avaló un exhorto dirigido a distintas autoridades federales para reforzar la atención del gusano barrenador, una amenaza sanitaria que afecta al ganado y que puede golpear directamente a productores, ranchos, empleos rurales y cadenas de exportación.
Dicho en corto: si el gusano avanza, el campo paga la factura.
El punto de acuerdo pide a la Cámara de Diputados federal revisar a fondo y, en su caso, ampliar de manera urgente el presupuesto del SENASICA para el ejercicio fiscal 2026, con el fin de dotar a la institución de recursos humanos y materiales suficientes para enfrentar esta y futuras contingencias sanitarias.
También solicita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al propio SENASICA informar al Congreso de San Luis Potosí sobre el presupuesto ejercido durante los últimos cinco años en la campaña contra el gusano barrenador, las acciones realizadas específicamente en el estado y el plan a corto, mediano y largo plazo para recuperar el estatus sanitario que permita reabrir el mercado estadounidense.
Gusano barrenador en San Luis Potosí: una alerta para el campo
El gusano barrenador no es una preocupación menor para la ganadería. Se trata de una amenaza sanitaria que puede afectar animales, elevar costos de atención, generar restricciones comerciales y complicar la movilidad o exportación de ganado.
Por eso el exhorto también plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores gestione, en coordinación con Agricultura, un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, para restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactivar las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.
Ese punto es clave. El acceso al mercado estadounidense no es un lujo para la ganadería nacional. Para muchas regiones, representa una parte importante de la viabilidad económica de ranchos, proveedores, empleos rurales y municipios completos que dependen directa o indirectamente de la actividad pecuaria.
La exposición de motivos del punto de acuerdo señala que la situación ya está dejando huella en el campo mexicano, particularmente en regiones como San Luis Potosí, donde la presencia del gusano barrenador habría pasado de ser un aviso técnico a un problema económico y social concreto.
Y ahí está el centro de la nota: no hablamos solamente de una plaga. Hablamos de sanidad animal, ingresos rurales, exportaciones, presupuestos públicos y coordinación entre instituciones.
El problema no se controla con discursos
La sanidad animal es de esos temas que casi nunca aparecen en la conversación pública hasta que ya hay pérdidas, cierres, restricciones o alertas. Pero cuando falla, el impacto se siente rápido.
Si un brote no se contiene a tiempo, los costos se multiplican: tratamientos, vigilancia, pérdidas productivas, restricciones comerciales, incertidumbre para productores y presión sobre instituciones que muchas veces ya operan con recursos limitados.
Por eso el Congreso pide revisar el presupuesto del SENASICA. La discusión no es menor: sin personal, vigilancia, campañas, monitoreo y capacidad de respuesta, cualquier estrategia sanitaria se queda corta.
El exhorto también pide claridad sobre lo que se ha hecho en San Luis Potosí. Y esa parte importa especialmente para productores y comunidades rurales: ¿en qué municipios hay mayor riesgo?, ¿qué acciones se han realizado?, ¿qué presupuesto se aplicó?, ¿cuál es el plan inmediato?, ¿cómo se coordinarán autoridades federales, estatales y productores?
Porque en el campo, la información a tiempo también protege.
Un productor que sabe qué hacer, a quién reportar, qué medidas seguir y qué apoyos existen tiene más herramientas que uno que solo escucha rumores, alertas generales o comunicados que nunca aterrizan en su municipio.
Lo que está en juego: ranchos, empleos y exportaciones
El boletín legislativo advierte que, si no hay coordinación y recursos reales, el costo de la inacción puede multiplicarse. La frase no es exagerada si se mira desde la economía rural.
La ganadería no funciona aislada. Detrás de cada rancho hay trabajadores, proveedores, veterinarios, transporte, alimentos, insumos, compradores, mercados regionales y familias que dependen de que la actividad se mantenga en pie.
Cuando una contingencia sanitaria golpea, no solo se enferman animales: también se frena dinero, se complica el comercio y se tensa la vida económica de comunidades enteras.
Por eso el tema merece seguimiento más allá del exhorto. El Congreso ya pidió acciones, pero ahora falta conocer la respuesta de las autoridades federales, el estado real de la plaga en San Luis Potosí y las medidas concretas para productores.
También haría falta escuchar directamente al sector ganadero: qué están viendo en campo, qué costos enfrentan, qué apoyos necesitan y qué tan rápido les está llegando la información oficial.
Porque una alerta sanitaria no se resuelve solo desde el escritorio.
Se resuelve con presupuesto, vigilancia, coordinación, datos claros y atención directa a quienes están en el territorio.
El gusano barrenador puede parecer un tema pequeño por su nombre. Pero si llega al bolsillo del campo, deja de ser pequeño muy rápido.
Y en San Luis Potosí, donde la ganadería sostiene parte importante de la vida rural, más vale actuar antes de que el problema se convierta en factura mayor.
Fuente: Boletín informativo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, Congreso del Estado de San Luis Potosí, 30 de mayo de 2026.
