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Lo que comenzó como una infracción de tránsito afuera de la clínica del IMSS en avenida Nicolás Zapata terminó convertido en una escena cada vez más común: ciudadanos grabando, policías forcejeando, una vialidad parcialmente bloqueada, versiones enfrentadas en redes y una discusión pública donde todos parecen tener una verdad distinta.
El conflicto ocurrió la tarde del miércoles, alrededor de las 16:00 horas, en el cruce de avenida Nicolás Zapata y Pedro Moreno. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, elementos de Policía Vial intervinieron al detectar una camioneta pickup negra estacionada sobre un paso peatonal. Hasta ahí, una infracción rutinaria. Lo que vino después, no.
Según la versión oficial, la conductora agredió físicamente a un oficial e intentó darse a la fuga, por lo que se activaron los protocolos para el aseguramiento del vehículo. Posteriormente, un grupo de personas habría obstruido la labor policial y cerrado parcialmente la vialidad, lo que derivó en la intervención de más elementos, incluido personal femenino de la corporación.
El saldo fue de dos mujeres detenidas: una puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por la presunta comisión de delitos contra servidores públicos, y otra remitida al Juzgado Cívico por alterar el orden público.
En redes sociales, sin embargo, la lectura ha sido distinta. Usuarios acusaron abuso policial y señalaron que la respuesta de los elementos fue desproporcionada ante una falta vial. El video del incidente circuló rápidamente y, como suele ocurrir, la indignación llegó antes que la investigación completa.
Ahí está el punto central: no basta con saber si la camioneta estaba mal estacionada. Probablemente lo estaba. La pregunta de fondo es otra: ¿qué protocolos existen para evitar que una infracción administrativa derive en forcejeos, detenciones y una avenida convertida en escenario de confrontación?
La Policía de la Capital aseguró que la intervención quedó registrada mediante cámaras corporales BodyCam. Ese dato no es menor. Si el material existe, debería servir para esclarecer lo ocurrido, ya sea ante la Fiscalía o mediante una explicación pública más completa. Las cámaras corporales no están para adornar uniformes ni para aparecer solo en comunicados: están para rendir cuentas.
También hay otro elemento que no puede ignorarse: la politización inmediata. En menos de 24 horas, el caso ya circulaba bajo dos narrativas cerradas: abuso policial o resistencia a la autoridad. Como si todo conflicto público en San Luis Potosí tuviera que convertirse, casi por obligación, en munición contra un gobierno u otro.
Pero reducirlo a eso empobrece la discusión.
Este caso habla de algo más profundo: una relación desgastada entre ciudadanía y autoridad vial. De un lado, una institución que carga con años de desconfianza pública. Del otro, una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el hartazgo, la sospecha o la confrontación inmediata.
El problema no es solo el paso peatonal. El problema es que una grúa basta para encender todo.
Y eso no se resuelve con un comunicado. Tampoco con un video viral.
Una vía muy complicada sin duda. El IMSS merece mejor vialidad y los pacientes alternativas más amables para acceder a este hospital.